No debiera sorprender la positiva valoraci\u00f3n que la ciudadan\u00eda est\u00e1 otorgando a la gratuidad como atributo central de la reforma educacional. El fen\u00f3meno no difiere sustancialmente del sentimiento colectivo que otorg\u00f3 cierta plausibilidad a las protestas estudiantiles del 2011. Ello fue tempranamente percibido por la agrupaci\u00f3n hoy gobernante y acertadamente sintetizado en la promesa de gratuidad; \u201cLa reforma educacional tiene una cuesti\u00f3n de fondo que le hace sentido a las personas\u201d, ha comentado el Ministro del Interior.<\/p>\n
Ocurre que la estructura del mercado del trabajo incorpora, desde antiguo, un premio significativo en el nivel de escolaridad. Si hasta los 80 el factor diferenciador en la estructura salarial se asociaba a la conclusi\u00f3n exitosa de la Educaci\u00f3n Media, la universalizaci\u00f3n de este nivel, producto del r\u00e9gimen de subvenciones que asegur\u00f3 la virtual gratuidad de la ense\u00f1anza obligatoria, traslad\u00f3 el factor de diferenciaci\u00f3n al nivel superior. Para que el hijo de un trabajador con IV Medio pueda aspirar a un nivel de vida equivalente al de sus padres, ya no le basta con terminar el Liceo. Hoy requiere ingresar \u2013y terminar- la Educaci\u00f3n Superior (ES). Pero los costos del arancel de una universidad o instituto no est\u00e1n previstos en la econom\u00eda familiar. La tensi\u00f3n que provoca este dilema en muchas familias chilenas es potente.<\/p>\n
La incorporaci\u00f3n del Cr\u00e9dito con Aval del Estado (CAE) hacia el 2006 ofreci\u00f3 una primera v\u00eda de soluci\u00f3n. La expansi\u00f3n de la ES, especialmente en la modalidad T\u00e9cnico Profesional (TP), a partir de ese a\u00f1o, resulta elocuente. El CAE y algunas becas parciales destrabaron el nudo que restring\u00eda el acceso a la educaci\u00f3n terciaria, reservado \u00fanicamente a las universidades del CRUCH, o a quien pudiera pagar. Pero el CAE incubaba un pecado de origen: su provisi\u00f3n se entreg\u00f3 a la Banca. A poco andar, la deuda acumulada de los \u201cbeneficiarios\u201d del CAE presentaba una amenaza tanto o m\u00e1s potente que el dilema del acceso. El problema estall\u00f3 el\u00a02011 y persiste hasta nuestros d\u00edas. Los ajustes incorporados con posterioridad, con una tasa subvencionada y pago contingente al ingreso llegaron tarde. As\u00ed, no exenta de improvisaciones y contradicciones en su gestaci\u00f3n, la gratuidad se asoma hoy como la promesa que resuelve la paradoja de la movilidad social, favoreciendo este a\u00f1o a 160.000 alumnos, que cumplen con ciertos requisitos. Pero tambi\u00e9n excluir\u00e1 a muchos otros igualmente vulnerables y que cumplen con las mismas exigencias. El grueso de estos estudiantes pertenece a la modalidad T\u00e9cnico Profesional (TP), el grupo m\u00e1s postergado de la educaci\u00f3n en Chile.<\/p>\n
Las condiciones de acceso a la gratuidad previstas en la glosa de la Ley de Presupuesto establecieron una p\u00e9sima se\u00f1al. Siendo arbitrariamente discriminatorias, al decir del propio Tribunal Constitucional, dejaron a 250.000 estudiantes de la ESTP fuera del beneficio, sustituido por una beca t\u00edmidamente\u00a0ampliada, que cubre apenas una proporci\u00f3n del Arancel de Referencia. En contraste, el sector excluido se trata, nada menos, que de aquella modalidad educativa especializada en la habilitaci\u00f3n para el trabajo. Seg\u00fan la OCDE, est\u00e1 previsto que casi dos tercios del crecimiento general del empleo en la Uni\u00f3n Europea se encuentre en la categor\u00eda de \u201ct\u00e9cnicos y profesionales asociados\u201d, en tanto que una reciente previsi\u00f3n realizada en los Estados Unidos se\u00f1ala que en\u00a02018 cerca de un tercio de las vacantes de empleo exigir\u00e1n alguna titulaci\u00f3n postsecundaria inferior a los 4 a\u00f1os. En nuestro pa\u00eds la SOFOFA ha estimado en\u00a0600.000 el d\u00e9ficit de t\u00e9cnicos que requiera la industria.<\/p>\n
La promesa de gratuidad que hoy merece un repunte en la aprobaci\u00f3n ciudadana del Gobierno, requiere de criterios generales y equitativos para su acceso, bajo riesgo de provocar una desafecci\u00f3n social mayor, por una promesa incumplida. La oportunidad para demostrarlo se presentar\u00e1 en el proceso de discusi\u00f3n legislativa para la anunciada reforma a la ES. All\u00ed, la ESTP debe ser tomada en cuenta con la seriedad que merece, reconociendo su particularidad, sus m\u00e9todos y valorando efectivamente su innegable contribuci\u00f3n social. El Estado tiene una deuda hist\u00f3rica con el sector TP y es momento de comenzar a saldarla.<\/p>\n